Desde finales del gobierno de Toledo, y en la actual administración, el Ejecutivo ha venido cuestionando la sobreexplotación del agua subterránea por parte de las industrias en Lima, aunque hasta el momento el Gobierno sigue estudiando la forma de enfrentar esta situación. Las actuales autoridades de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), y el Ministerio de Vivienda, recibieron de quienes los antecedieron en el pasado gobierno, una evaluación sobre el tema, para determinar un reajuste en el precio por el agua de pozos que utilizan las industrias en la capital. Según ese ente regulador, el consumo indiscriminado del agua subterránea, propiciado por su precio por debajo de lo que pagan otros usuarios, estaba afectando los niveles del acuífero, que constituye una reserva de agua en épocas de estiaje.