La falta de inversión en la infraestructura pública pronto comenzará a pasarnos la factura. No es poca cosa el déficit de obras en puertos, aeropuertos, ferrocarriles y carreteras, un lastre frente al desarrollo de la economía y a las oportunidades del país en el entorno regional y del Pacífico. Resulta alarmante que la brecha en infraestructura de transporte sea de US$7.684 millones, que solo podrá enfrentarse mediante un gigantesco esfuerzo público y privado. Por lo pronto, hay una serie de iniciativas privadas de inversión, pero que resultan insuficientes. Habría que preguntarse cuánto pesa el escaso número de carreteras en los elevados costos de transporte y la comercialización de los productos del campo. Hay dos asuntos urgentes que deben priorizarse. Uno es la adopción con voluntad política de concesiones que permitan invertir en puertos y carreteras. La tercerización es una opción ante el cuello de botella que ha creado la falta de estudios para proyectos pendientes, que deben hacerse ministerio por ministerio.