Con el más absoluto rigor y siguiendo el camino que le franquea la Constitución y la ley, el Gobierno y las instituciones nacionales tienen que poner coto a la descabellada propuesta separatista del presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, quien pretende convertir la zona altiplánica en un Estado autónomo. Más que una retórica desorbitada, en realidad la proclama de Fuentes representa la confirmación de una práctica ilícita y un abierto afán desestabilizador, que incluso, conspira contra la siempre difícil marcha del proceso de descentralización. Hace poco, esta autoridad dispuso mediante ordenanza regional que la hoja de coca era patrimonio cultural, desconociendo de ese modo una política nacional, y peor aun, facilitando el juego al narcotráfico que se abastece del 90% de la producción de esta planta. Su último desafío a la ley es pretender convocar un nuevo y particular proceso de evaluación de docentes para que el gobierno regional, muy al margen de las pautas del Ministerio de Educación, pueda nombrar a los profesores de su jurisdicción.