Llama poderosamente la atención que, en pocos días, se sucedan en la selva central varios hechos criminales y violentos, aparentemente inconexos, pero que responderían a una misma y repudiable consigna desestabilizadora.Así, no parece coincidencia que el crimen cobarde y alevoso de tres policías -atribuible en principio a grupúsculos senderistas- se haya producido a pocos días de una operación policial que destruyó 29 pozas de maceración. Tampoco que ahora -a renglón seguido- un sector de cocaleros persista en una huelga para protestar por varios asuntos, desde la supuesta depredación del ambiente (debido a las acciones de erradicación de cocales ilegales por parte del Estado) hasta la oposición ciega y sorda al TLC con Estados Unidos, que es un socio importante en la lucha antinarcóticos.La cuestión es obvia: Detrás de todo estarían las mismas lacras delictivas del narcotráfico, el contrabando y los rezagos terroristas, que actúan juntos en una alianza tan perversa como inescrupulosa, a la que la presencia del Estado le resulta incómoda y fastidiosa. Lo que buscan es constituir una especie de tierra de nadie, al modo de las FARC en Colombia, y enseñorearse en 'territorios liberados' para lucrar con sus viles negocios.Ante esta crítica situación, la respuesta del Estado tiene que ser integral y firme: No se puede bajar la guardia ante la pretensión aviesa de esta alianza criminal. En el corto plazo, urge repotenciar las bases antisubversivas en el Huallaga, pero también afinar la política antidrogas para consolidar la sustitución de cultivos y hacer un deslinde entre los verdaderos cocaleros y aquellos que son parte del engranaje del narcotráfico. Igualmente, el escenario actual obliga a revisar y replantear el tema de las exoneraciones, que da lugar a mafias millonarias de contrabando de combustible.El Gobierno, la Policía Nacional y los poderes públicos deben tomar seriamente estas señales desestabilizadoras, antes de que la situación se torne inmanejable y debamos lamentar más muertos, heridos o cualquier otra amenaza al Estado democrático.