El Gobierno decidió presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza regional de Puno que dispone, entre otras cosas, reconocer como zonas cocaleras de cultivo tradicional tres cuencas en la región, y que además suspende la erradicación forzosa de cultivos en tanto no exista una política nacional para la protección de la planta de coca."Hemos acordado en Consejo de Ministros que los ministerios correspondientes y el jefe del Gabinete presenten la demanda de inconstitucionalidad porque, como saben todos los peruanos, los temas relativos a los cultivos de coca y a su lamentable sucedáneo, el tráfico y la producción de narcóticos, son directivas y políticas nacionales, de acuerdo con los convenios mundiales que el Perú ha firmado. Por consiguiente, no corresponde a ningún alcalde ni a un presidente regional sustituir lo que la Constitución y la ley establecen como potestades nacionales, como políticas de la autoridad central", señaló el mandatario Alan García, quien hizo el anuncio en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno al término de la sesión del Gabinete.