Por la suprema irresponsabilidad de sus miembros, el Congreso está a punto de tirar por la borda algunas puntuales y vitales enmiendas constitucionales destinadas a consolidar la estabilidad jurídica, política, económica y social del país.Estos imprescindibles ajustes, que sirven para remozar cada cierto tiempo la dinámica del Estado, enfrentan la absurda resistencia de sectores partidarios que parecen haber perdido el sentido de la historia y del futuro de 28 millones de peruanos.Por un lado, la tozudez del fujimorismo ante cualquier cambio es un elemento de chantaje a la espera de la suerte que pueda correr su líder en los predios judiciales, en tanto que el humalismo juega a la pura y dura desestabilización al exigir una asamblea constituyente o nada. Una tercera y patética postura es la indecisión que tras casi dos años de debate persiste en la fraccionada bancada de UPP.Hay que recordar que para las leyes de reforma constitucional se necesitan 81 votos, cosa que ha llevado el consenso inicial por la reforma judicial, por ejemplo, al típico embudo del toma y daca de estos días, que no hace sino distraer el cambio.El país ve, pues, con estupor y alarma cómo hasta el acuerdo nacional favorable a la reforma constitucional judicial es puesto de lado, en una demostración de lo poco o nada que valen los compromisos políticos de ancha base.Al empezar un nuevo período legislativo, el Congreso tiene que hacer suya la responsabilidad de superar este grave y peligroso punto muerto en la vida constitucional.Sería inconcebible que a mayor progreso y modernidad en el campo económico, el país sea llevado por el fujimorismo y el humalismo a una pendiente de regresión institucional y legal de profundo riesgo irreversible.