Frente al cúmulo de evidencias denunciadas hace varios meses y que dejan al desnudo los objetivos violentistas y antidemocráticos de las casas del ALBA en nuestro país, es positivo que por fin el Gobierno Peruano deje su lenguaje tímido y señale que estas organizaciones concentran a desestabilizadores que confabulan para atentar contra la seguridad y el sistema democrático de nuestro país.El grave cargo, recién declarado oficialmente con todas sus letras, exige ahora una detallada investigación para ir desenredando esta peligrosa madeja y desbaratar a tiempo la conspiración en curso.Ya no queda la menor duda, como lo advierte el ministro del Interior, Luis Alva Castro, del fluido financiamiento externo de estas casas del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) .Por lo mismo, el tema va más allá de una inamistosa injerencia extranjera, pues estamos ante un artero y premeditado ataque proveniente desde otro país en perjuicio de nuestra democracia.Allí, sin duda, no solo hay pendiente un trabajo policial y judicial, sino un activo papel de la Cancillería Peruana ante la anotada amenaza foránea. Un primer paso es que nuestro Congreso, a través de voceros de distintas bancadas --excepto del humalismo, lo que es revelador--, haya adelantado su interés por investigar los nexos de las casas del ALBA con el exterior y cortar con esta perturbadora fuente de ingresos.Todos los indicios señalan que el Gobierno de Venezuela es el principal benefactor --con sus petrodólares-- de estas casas del ALBA, que aglutinan a supuestos ideólogos y operadores de tumultos y alborotos, además de oportunistas, cuya misión es convertir cualquier manifestación pública en un acto de convulsión social y desestabilización. Luego de admitido el problema, el país demanda pronta solución.