El Estado Peruano ratificó que algunas personas declaradas víctimas y beneficiarias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de la matanza del penal Castro Castro podrían seguir desafiando el Estado de derecho, debido a que aún mantienen vinculación con la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).Así lo dijo Luis Salgado Tantte, titular del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en un documento elaborado luego de que El Comercio revelara que el confeso senderista Atilio Richard Cahuana Yuyali, ideólogo del cabecilla terrorista "Artemio", fue favorecido por la CIDH en un fallo del 2006, en el caso de los internos asesinados y heridos del penal Castro Castro. Aquella resolución, como se recuerda, ordena al Estado Peruano pagar a los internos que estuvieron presentes durante el debelamiento sangriento del centro de reclusión, ocurrido en 1992.