En días pasados el precio del petróleo pasó la barrera de los US$100 por barril. Este récord histórico que tanto aprecian los gobernantes de los países exportadores --con frecuencia poco afines a la democracia-- nos está generando un problema económico que el Gobierno tiene que enfrentar con inteligencia; no poniendo la carreta delante de los bueyes, no imponiendo una reducción de precios artificial al más puro estilo de los años 80, como parece ser la posición de un equipo nombrado por el Ministerio de Energía y Minas.El Perú es importador neto de crudo. Cuando sube el petróleo, la presión sobre los precios de los combustibles y, por ende, sobre los costos de los servicios de transporte, presionan la inflación, sobre todo la "inflación de los pobres" (los precios de los alimentos) que, como reseñó El Comercio días atrás, ha sido mayor que la inflación de los sectores más pudientes de la población. Cuando baja el precio del petróleo, cosa que ha dejado de pasar hace un buen tiempo, sucede lo contrario y, en teoría, los precios de los combustibles pueden bajar.Para evitar estas fluctuaciones, en setiembre de 2004 el Estado creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El fondo se nutre de los aportes de las refinerías cuando el precio de importación es bajo y esa reducción no se traslada por completo al precio de los combustibles que compramos en las estaciones de servicio. En contraste, cuando el precio del crudo es muy alto, es el fondo el que debe reintegrarle dinero a las refinerías para que estas no trasladen dicha alza al precio de los combustibles.En principio el fondo funcionó de manera satisfactoria, aunque con los retrasos de rigor estatal en los reintegros a las refinerías, al estilo de la Sunat, puntual al cobrar, demorona al reintegrar. Esto porque estaba diseñado bajo el supuesto de fluctuaciones relativamente alternadas entre alzas y bajas. Pero desde que la tendencia al alza del precio del crudo se prolongó en demasía, comenzaron los problemas. El fondo en la práctica se ha agotado. De ahí que además de estudiarse mecanismos para ampliarlo, quede claro que "algo más" hay que hacer.Cualquier estudiante de economía, sin la presión política de un cargo en el Estado, podría dar con la formula rápidamente: se deben reducir los impuestos extraordinarios que gravan a los combustibles de manera injustificada. ¿Por qué si le echo 100 soles a mi tanque de gasolina más de 50 soles son para pagarle impuestos al Estado? ¿Por qué si el Estado y los gobiernos regionales no pueden ni siquiera gastar su presupuesto y las cuentas fiscales son superavitarias no se desaparece por lo menos el Impuesto Selectivo al Consumo, se reduce la presión sobre la inflación y de paso se "mete menos mano al bolsillo a los ciudadanos" liberando recursos para que el sector privado genere más riqueza? ¿Por qué se sigue incentivando el consumo de diésel con un impuesto más bajo a pesar de que es más contaminante?El problema es que en lugar de estudiarse seriamente la evidente necesidad de reducir los impuestos, pareciera que se estaría buscando optar por explorar fórmulas extrañas, como el imponer como referencia los precios de exportación de combustibles (y no los de importación como corresponde), a pesar de que se sabe que lo que se exporta de combustibles desde el Perú se hace a pérdida.Nuestra estructura de consumo, como sabemos, está cargada al diésel. Las refinerías deben sesgar su producción a este producto y aún así no alcanza. Lo que resulta son excedentes de gasolina y residuales que se deben exportar a un precio regularmente por debajo de su costo.De prosperar una medida como la que se está planteando en estos días, no solo se estaría cambiando por completo las reglas de juego, sino que se estaría desincentivando a tal punto la industria de la refinación que esta podría llegar a desaparecer. Sería curioso que esto suceda, cuando la propuesta del presidente de la República en su ya famosa propuesta contra el perro del hortelano planteaba la necesidad de fomentar la industria procesadora de combustibles.