En las últimas semanas, el presidente Alan García recibió el informe final de una comisión multisectorial que se encargó de diseñar un esquema técnico-económico más eficiente y de más rápido impacto social para el controvertido proyecto hidroenergético del Alto Piura. La intención de este equipo (creado en 2007 y formado por el presidente regional de Piura, César Trelles, y por representantes de los ministerios de Economía y de Agricultura, así como de Proinversión) fue resguardar el uso adecuado de los recursos públicos y de los compromisos que asuma el Estado. Como se recuerda, mediante Decreto Supremo 055-2007-EF, el Gobierno exoneró del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) los estudios para el Alto Piura. Se buscaba, así, acelerar -sin mayor control- una obra que demandaba una inversión superior a los US$400 millones. Además, otro cuestionamiento era el uso de las aguas del río Huancabamba, que actualmente alimentan el proyecto Olmos, en Lambayeque. Ambos hechos podrían generar un nuevo conflicto social entre la población de ambas regiones.