La bancada de Unidad Nacional en el Congreso ha presentado un oportuno e interesante proyecto para armonizar y definir los roles, límites y maneras de interactuar entre el Gobierno Central y los gobiernos locales y regionales. Pretende así llenar algunos vacíos que no fueron cubiertos por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y que han causado severos roces y crisis políticas.Cumple así una promesa de su lideresa, Lourdes Flores, quien había anunciado la iniciativa como una manera de ordenar la política educativa nacional, tras el arduo debate que causó el llamado tercio superior. Se reafirma así que las instancias regionales deben administrar el sector educación, pero adecuándose siempre a lo que dictan las leyes de carácter nacional dentro de la institucionalidad democrática. Efectivamente, de acuerdo al nuevo esquema descentralizador las regiones tienen cada vez más injerencia en la gestión educativa, pero fijar las matrices de la política educacional es atribución del Gobierno y del ministerio, lo que debe ser cumplido por los gobiernos regionales aunque no les guste. No hacerlo sería incurrir en rebeldía.Mas, si bien este proyecto fue motivado por problemas en el ámbito educativo, es aplicable a toda la estructura legal del Estado, según el ordenamiento constitucional. Y es que, como se subraya, el Perú no es una república federativa sino un Estado con un gobierno unitario.Eso es lo que deben entender claramente las autoridades de los gobiernos regionales y locales a la hora de dar sus decretos y ordenanzas, que no pueden confrontar ámbitos de competencia nacional. Ejemplos hay muchos, como cuando, de modo necio, absurdo e inconstitucional, el Gobierno Regional del Cusco pretendió legalizar el cultivo de la coca, lo que motivó una aclaración del Ejecutivo y del Tribunal Constitucional.