Mal haría el Gobierno si empezara a contratar a funcionarios públicos exigiendo como único requisito que tengan carnet aprista o sean simpatizantes del partido. Eso es lo que, de modo preocupante, estaría pasando con el programa Juntos.A la anunciada renovación de autoridades se suman ahora las declaraciones del viceministro de Desarrollo Social, Javier Barreda, a quien le parece normal que la PCM nombre como presidente de Juntos a un connotado aprista como Iván Hidalgo, en reemplazo del empresario Alfonso Velásquez.Resulta un retroceso que el régimen vuelva a colocar a partidarios en puestos clave que exigen la mayor independencia, precisamente para evitar la manipulación de programas sociales, utilizados de modo nefasto en el pasado para pagar favores políticos .¿Cuánto gana la institucionalidad cuando el ciudadano ve que al elegir a funcionarios públicos pesa más su pertenencia partidaria, sobre todo en ámbitos como el apoyo social donde la politiquería debería estar al margen para hacerlos más eficientes y avanzar con su reingeniería?En el caso de Juntos, el único programa social que ha conseguido reconocimiento local e internacional, se aduce que hay que dar continuidad a la lucha contra la pobreza. ¿Pero, por lo mismo, no sería mejor colocar allí a un profesional independiente, sin compromisos políticos con el partido del gobierno que lo nombra?