La precisión que ha efectuado el Gobierno peruano en relación con la política de exportación de gas constituye una adecuada respuesta, en términos de la política energética nacional. En efecto, el Gobierno ha señalado que no está previsto vender gas natural a Chile, utilizando los recursos disponibles en Camisea. Tal decisión no obedece, por cierto, a razón alguna de política exterior ni, menos todavía, es una respuesta en el terreno económico a la situación jurídica derivada de la controversia en materia de delimitación marítima. Tal asunto, como lo ha señalado el Canciller de la República, debe ser resuelto, conforme a derecho, por la más alta instancia jurídica del mundo, es decir la Corte Internacional de Justicia.