No fue el tema exclusivo ayer en la reunión del presidente Alejandro Toledo con el Consejo de Ministros, pero sí el más importante. La calamitosa situación en la que se encuentra el sistema carcelario del país obligó a declararlo en estado de emergencia, lo mismo que al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).Como el problema más urgente se identificó la sobrepoblación en las prisiones. La medida más inmediata para afrontar esta crisis será, según el primer ministro Carlos Ferrero, la construcción de dos nuevos establecimientos penales para reos primarios, uno en Cañete y otro en Huaral.El ministro de Justicia, Carlos Gamarra, detalló que el costo de ambos bordeará los diez millones y medio de dólares y que albergarán a 4 mil internos. Se calcula que estarán listos en un año y la cercanía a Lima obedece a que ello contribuirá a un traslado mucho más fácil de los procesados a las sedes capitalinas del Poder Judicial.Dentro de este proceso de emergencia, Gamarra añadió que el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas -inaugurado en diciembre del año pasado- funcionará al 100% en dos o tres meses y que se ampliará las cárceles de Ica y Piura.