Tenemos que hacer una invocación, y a la vez un severo llamado de atención, ante el apresuramiento del Gobierno en imponer, contra viento y marea, el programa Pro Perú. ¿Cómo es posible que se insista en un programa piloto, a iniciarse el próximo mes, cuando ni siquiera existe un censo creíble de los eventuales beneficiados y sin tener claro su financiamiento? Peor aun, cabría preguntarse: ¿Es que acaso estamos ante el inicio de una farra electoral proselitista?Todo ello sería sumamente irresponsable y peligroso, y solo daría la razón a quienes achacan deleznables ambiciones electoreras al régimen, por lo cual ha merecido la desaprobación de importantes sectores políticos y sociales.Por principio, nadie en su sano juicio puede oponerse a incrementar la ayuda social, sobre todo en un país con cifras tan alarmantes de incremento de la pobreza crítica. Por el contrario, siempre hemos alentado dichos programas, pero subrayando que tiene que buscarse la eficiencia y llegar a quienes realmente los necesiten y sin caer en el puro asistencialismo, el burocratismo, la corrupción o la manipulación electorera y demagógica.Por lo mismo, mientras por un lado tienen que redoblarse esfuerzos para aumentar los niveles de empleo, del otro lado la ayuda social debe enmarcarse en proyectos técnica y financieramente sustentados. Solo así se aseguraría la cobertura del público objetivo sin poner en riesgo la estabilidad de la caja fiscal, que es una de las fortalezas de este régimen.Como ya lo hemos dicho también, el subsidio directo es una buena opción, siempre y cuando se base en proyectos sustentados, a cargo de la Iglesia o entidades no gubernamentales, reestructurando el resto de programas sociales y con una planificación de mediano plazo que exige un consenso con el resto de fuerzas políticas. Al respecto, es absolutamente necesario que el Gobierno evalúe la experiencia de otros países, como México, Brasil y Chile, donde estos programas eran de largo aliento.Hay que recordar aquí el compromiso del presidente Toledo -durante la campaña y después de ella- de que los programas de apoyo social tengan una gestión técnica y apolítica. Eso es lo que corresponde. Obrar de otra manera sería una contramarcha intolerable que haría mucho daño al país y a la imagen del Gobierno.