Es una desvergonzada e inaceptable intromisión en nuestra soberanía que los presidentes de Venezuela y Nicaragua, Hugo Chávez y Daniel Ortega, hayan denunciado que en el Perú existe una persecución política contra Ollanta Humala. Nada más falso y alejado de la realidad, pues aquí en concreto hay un proceso penal, con todas las garantías del debido proceso, contra el líder humalista. Quizá por afinidad ideológica esos mandatarios hacen causa común con el acusado. Pero esto , en lugar de atenuar su injerencia, la agrava pues evidencia que está condicionada por el fanatismo y la ignorancia, al repetir con ligereza lo que sostiene el propio Humala en su afán por victimizarse y politizar el juicio. Lo cierto es que los acusados, entre ellos su propio hermano Antauro, lo vinculan con la violencia en la toma de la comisaría de Andahuaylas en el 2005. Por último, resulta disparatado que un gobierno autoritario como el venezolano, que a diario pisotea las libertades y camina hacia el absolutismo, pretenda endilgar ese comportamiento tiránico a un país democrático como el Perú, donde prevalece la separación de poderes y el respeto a la libertad y los DD.HH.