Cuestión de autoridad y de coherencia: el presidente Alan García ha prometido una guerra sin cuartel para desterrar al perro del hortelano del aparato estatal, pero al parecer esta consigna no ha calado aún en ciertos funcionarios ministeriales, con todos los perjuicios que ello acarrea.¿Cómo, si no, podría entenderse que, de un total de 316 leyes que el Congreso aprobó desde la inauguración del gobierno aprista haya 53 (casi el 17%) que son letra muerta, pues no cuentan con sus correspondientes reglamentos?Efectivamente, de acuerdo con los procedimientos del equilibrio de poderes dentro del Estado de derecho, una ley aprobada por el Legislativo debe ser promulgada por el Ejecutivo. Pero además, este se obliga a elaborar el reglamento que explique y detalle los alcances, responsabilidades y aplicaciones de la ley en tal o cual contexto.Dicha tarea corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros y específicamente a cada ministerio, que no pueden seguir trastrocando el ordenamiento legal y perjudicando la marcha del país. Para muestra tres botones de leyes no reglamentadas: la que facilita el desaduanaje de mercaderías donadas (¿se imagina cuántos peruanos pobres y necesitados esperan el reglamento?), la ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y la ley del buen pagador.El presidente García y el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, deben sacudir a los ministros y funcionarios responsables para que reaccionen oportunamente y se alineen con los objetivos del Gobierno y las urgencias del país. Ello exige una coordinación dinámica y eficiente entre los poderes públicos para dar leyes y poder reglamentarlas y aplicarlas de modo efectivo. Y esta vez la culpa no es del Congreso.