¿Hasta cuándo vamos a permitir las gollerías tributarias de ciertas entidades públicas? Es el colmo que, a diferencia del resto de ciudadanos de este país, que sí paga impuestos, sean los propios organismos del Estado los que incumplen con sus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Concejo Provincial de Lima.Lo peor es que, también a diferencia del resto de contribuyentes, no reciben sanción efectiva. La autoridad reclama y reclama, pero sus medidas de control siguen siendo insuficientes o demasiado permisivas con quienes ni siquiera tienen intenciones serias de cancelar sus deudas. Prueba de ello es que estas entidades públicas no son embargadas y tampoco sufren las consecuencias de la justicia coactiva. Y si bien reciben las notificaciones de pago de la SAT, suelen escabullirse de la justicia aduciendo mil y una excusas. El Estado contra el Estado.Otra prueba son los altos montos que han alcanzado las deudas acumuladas entre 1996 y el 2004. ¿Cómo es posible que se haya permitido tamaño desfalco a las arcas municipales? Sectores como el de Trabajo -el más moroso de todos- adeuda más de 33 millones de soles por concepto de Impuesto Predial y arbitrios. Qué decir de otros, como las Loterías de Lima y Callao y el Inabif, que tienen altas sumas pendientes de pagar por los impuestos predial, vehicular y los arbitrios.Muchas cosas se podrían hacer con los 128 millones de soles que estos organismos deben a la SAT. Pero más allá del dinero está el incumplimiento de la ley por parte de una administración pública, llamada a dar el ejemplo al resto del país. ¿Si el Estado no paga impuestos, cómo exigir al ciudadano que lo haga oportunamente? Otra vez la política del perro muerto.