Tras las furibundas críticas provenientes de las canteras del nacionalismo, la magistrada Gladys Fernández salió ayer en defensa de su reciente fallo, en el que pide para Ollanta Humala 15 años de cárcel y su expatriación por su presunta participación en la toma de una comisaría en Andahuaylas, hecho que dejó como saldo cuatro policías muertos. "Yo actúe de acuerdo a ley. El artículo 347 del Código Penal señala que a una persona acusada por rebelión también se debe solicitar su expatriación", explicó en breve diálogo con Correo. Señaló que ahora le corresponde al Poder Judicial confirmar el sentido de la acusación fiscal durante el juicio oral que deberá iniciarse contra Ollanta y su hermano Antauro Humala, ambos involucrados en este caso, al igual que más de un centenar de etnocaceristas.
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