Corresponde al Gobierno evaluar ya, con la debida urgencia, la propuesta de declarar en emergencia el puerto del Callao, que no ofrece las mínimas condiciones de infraestructura, logística ni eficiencia para un país que crece a un ritmo del 7 a 8% anual.Hemos llegado a un punto de quiebre en capacidad portuaria, y esto abarca todo el país. Se da la escandalosa situación de que en las últimas dos semanas ocho barcos dejaron de parar en el Callao y siguieron su ruta hasta puertos de otros países.Esta más que crítica situación se explica no solo por la reciente huelga de estibadores, detrás de la cual se esconde un sindicalismo obsoleto y ultrarradical que se niega a abandonar las gollerías de antaño y controla a fardo cerrado la contratación de personal y las remuneraciones. Esto no puede seguir así, pues va a contramarcha de la economía social de mercado y de las promesas del Gobierno de apuntalar la competitividad empresarial.Luego, el puerto del Callao sigue siendo uno de los más ineficientes y caros de la región, que moviliza solo 18 contenedores por hora mientras que los de Buenaventura (Colombia) y Valparaíso (Chile) bordean las 50 operaciones por hora, lo que genera sobrecostos que deben ser asumidos por importadores y exportadores.Ante esto, es urgente declarar en emergencia el puerto del Callao para mejorar los sistemas de aforo selectivo, despacho electrónico y los protocolos de control y operaciones. Pero, de modo paralelo, se torna impostergable la entrega de obras del Muelle Sur y la concesión de otros puertos en el norte y el sur para servir plenamente las crecientes necesidades de los agentes económicos.De nada servirá seguir firmando más TLC y promover las exportaciones si no se amplía y reforma integralmente la capacidad portuaria. Esta es una responsabilidad que debe ser asumida por el Gobierno para desterrar los monopolios sindicales, apoyados por algún parlamentario, y concesionar todos los puertos.