Aunque diga lo contrario, el caso de la toma de una comisaría en Andahuaylas, el 1 de enero del 2005, seguramente le viene quitando el sueño a Ollanta Humala, quien no pocas veces ha mostrado su incomodidad por su inclusión, junto a su hermano Antauro, en este caso. Pero esta vez sí tiene motivos para sentirse preocupado, pues la Sétima Fiscalía Superior Penal, a cargo de Gladys Fernández, ha solicitado que al presidente del Partido Nacionalista se le imponga una pena de 15 años de prisión, además de S/.50 mil de reparación civil, según reza la acusación fiscal No 20-05. Pero lo que más llama la atención es su solicitud para que Ollanta sea expatriado a raíz de la comisión del presunto delito de rebelión por participar en dicha asonada.