No hay que esperar la creación de un ministerio del medio ambiente para ejecutar muy puntuales e indispensables políticas ambientales. Por ejemplo, aprobar un paquete de 90 normas, embalsadas en ministerios, gobiernos regionales y municipales, y cuya vigencia serviría para mejorar los estándares de calidad y responsabilidad de ciertas actividades productivas.En un informe publicado el último domingo en El Comercio quedó en evidencia que más que un trabajo por hacer es una cuestión de poner en marcha medidas muy concretas.Hay dos casos llamativos que contradicen la voluntad del Gobierno de mejorar el medio ambiente: la falta de una disposición con los límites máximos permisibles (LMP) para regular los contaminantes de las emisiones gaseosas de la industria pesquera; y la carencia de reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, pese a que el proyecto está encarpetado desde hace meses en la Presidencia del Consejo de Ministros.Además, no hay justificación para que el jefe del Conam, Manuel Bernales, muestre poco interés --como prácticamente lo dice en el informe-- por la prioritaria ejecución o puesta en marcha de este sistema de evaluación.Las autoridades deben entender que este conjunto de herramientas legales que fijan límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental y normas técnicas ayudarán a potenciar el futuro del nuevo ministerio. Para ello hay que expresar en acciones, y no solo en discursos, una real y auténtica voluntad política.