La noticia de la creación de un ministerio del medio ambiente cayó como un baldazo de agua fría. Y, claro está, cayó por la presión del Tratado de Libre Comercio que exige al Gobierno Peruano garantizar el uso sostenible de los recursos. Sorprendió, además, porque durante años diversas ONG, especialistas y la misma Defensoría del Pueblo recomendaron --sin que nadie les hiciera caso-- la necesidad de contar con una autoridad autónoma capaz de ordenar el disperso, desordenado e ineficiente control ambiental. Ni siquiera cuando los conflictos socioambientales se multiplicaron se atendió este pedido. Todo fue tan inesperado que hasta el mismo presidente del Consejo Nacional del Ambiente (Conam), Manuel Bernales, se enteró del nuevo ministerio por la prensa. Pero la noticia presidencial desconcertó más cuando, unas semanas después, el Gobierno presentó una propuesta con serios errores legales --alertó la Defensoría del Pueblo-- en la que incluso restaba el rol fiscalizador del nuevo ministerio al sector minero, hasta ahora en manos de Osinergmin. Sin embargo, este repentino entusiasmo ambiental no se traduce en el impulso que debería darse a la elaboración de algunas normas que garanticen mejores estándares de calidad de vida por parte de los sectores y la aprobación de otras que se encuentran hace meses en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a la espera de ser aprobadas. ¿Cómo tener un ministerio del medio ambiente si sectores como el pesquero aún carecen de Límites Máximos Permisibles (LMP) para regular los contaminantes de sus emisiones gaseosas? ¿Cómo se piensa instalar este portafolio si hasta la fecha el Sistema de Evaluación Ambiental no tiene un reglamento? Manuel Pulgar Vidal, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explica que la propuesta de este reglamento fue alcanzada hace casi tres años por el Conam a la PCM pero hasta la fecha no ha sido aprobado. "Sin la promulgación de esta norma, se crearía un ministerio cojo". Ante esta situación, Vitto Verna, jefe de la Oficina de Medio Ambiente de la Defensoría, recomienda al Ejecutivo priorizar la elaboración y aprobación de las normas y reglamentos pendientes --algunos de ellos-- desde hace ya ocho años. Esos son los casos de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el agua, los LMP de efluentes del sector hidrocarburos, los LMP para emisiones en el sector industrial y los LMP de efluentes de la industria pesquera, entre otros.En total, suman más de 90 las normas que los ministerios, los gobiernos regionales y las municipalidades se comprometieron a elaborar y aprobar con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 6] /