Posiciones contradictorias se registran en el Poder Ejecutivo para la resolución de un espinoso caso en el que está en juego la reconciliación nacional. Son dos las instituciones que se cuestionan si los subversivos también deben ser considerados víctimas de la violencia.Por un lado, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Alberto Salgado, como parte del Ministerio de Justicia, está en contra de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligue al Perú a reparar económica y moralmente a los terroristas involucrados en el caso del penal Castro Castro. Por otro, Sofía Macher, presidenta del Consejo de Reparaciones (CR), que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, señala que el Estado debe cumplir la sentencia de la CIDH, por lo que finalmente se tendría que indemnizar a terroristas como Osmán Morote, quien para dicho ente supranacional fue una víctima al haber sido herido durante el debelamiento del motín en el mencionado centro penitenciario.