La iniciativa gubernamental (Pro Perú) para entregar un subsidio directo de cien soles mensuales a los más pobres ha suscitado una airada polémica nacional. A falta de una explicación convincente, se ha criticado no tanto el fondo de la propuesta, pero sí la oportunidad en que se da, en una coyuntura preelectoral.En tal escenario, hay que evaluar serenamente la propuesta y examinar objetivamente la situación en curso. Tiene que concordarse que, en un país subdesarrollado como el nuestro, la ayuda social es estrictamente necesaria, sobre todo para los sectores en extrema pobreza (24,4% según el INEI, es decir más de 6 millones de personas).Pero hoy, como lo hemos reiterado, se hace urgente reestructurar los programas de apoyo social, en vista de las graves fallas subsistentes, como la falta de focalización y el burocratismo (que absorbe escandalosamente el 60% del presupuesto social), y las lacras de la corrupción y clientelismo. Y una manera de subsanar estas deficiencias pasaría por el subsidio directo, a cargo de las ONG.Al respecto, es importante evaluar la experiencia de otros países, como México, Brasil y Chile en la materia, y comprobar lo complejo que pueden ser. Se trata de programas de largo aliento que deben basarse en estudios técnicos de costo-beneficio y empezar con proyectos piloto, precisamente para evitar las distorsiones mencionadas. En el caso de México, el programa lo desarrolló el gobierno del PRI y lo empezó a aplicar el del presidente Fox años después como una política de Estado.Ante esto, tendríamos que afirmar que no estamos, como tampoco la mayoría de técnicos, en contra del programa per se. Para que funcione bien, sin embargo, su planeamiento requerirá necesariamente de muchos meses. Es decir, difícilmente podría aplicarse dentro de este gobierno.Por ello, si la propuesta es seria, lo que tendría que hacer el Gobierno es consensuar el programa con el resto de fuerzas políticas, a las que finalmente les tocaría aplicarlo a plenitud a mediano plazo. Lo que sí podría hacer este régimen es avanzar en programas piloto -pero que sean realmente eso- y satisfacer varias condiciones básicas, como el debido empadronamiento e infraestructura, convocar la participación de las ONG para el reparto, avanzar en sistemas de verificación y evaluación y, por supuesto, tomar en cuenta la necesidad de sustituir los demás programas asistenciales vigentes, etc. Adicionalmente, con la debida transparencia, debe explicarse de dónde se sacarán los fondos para financiar el subsidio directo sin crear más impuestos.Por todo ello, debemos criticar y advertir sobre la oportunidad en que se da y la premura e improvisación con que se está tratando el programa Pro Perú. Se anuncia que se iniciará en dos meses, lo que sería una temeridad, pues sería imposible garantizar eficacia. De allí que insistir en este modo de actuar sería vergonzoso y solo daría la razón a quienes encuentran en el fondo de todo esto una torcida intencionalidad política de utilizar la pobreza con fines electorales. (Edición domingo).