No tiene mucho sustento el pedido de postergación de los procesos de revocatoria que han planteado algunos alcaldes y presidentes regionales, bajo el argumento de que podrían perturbar gestiones que recién se inician e incluso la paz social del país en el Año de las Cumbres Mundiales en el Perú.Veamos. Es cierto que un año es un plazo corto para evaluar una gestión. Pero, entre la compra de paquetes electorales, la recolección de firmas, la decisión del JNE --que cierne y reduce los pedidos-- y el eventual armado de la elección, transcurre un considerable tiempo. En todo caso, por una cuestión de lógica y sentido común, debían tomarse previsiones para que los comicios revocatorios se realicen recién cuando ya se haya cumplido la mitad del mandato.Luego, de acuerdo con experiencias anteriores de revocatorias, que se dan más en el ámbito de distritos, estas no deberían ser traumáticas ni perturbadoras. Sin embargo, somos conscientes de que siempre habrá grupos que intentarán aprovecharse y manipular este derecho hasta desnaturalizarlo, lo que debe evitarse con toda energía.En síntesis, se trata de un derecho ciudadano reconocido por la Constitución que no debe ser afectado. Y es que, bien administrado, debiera redundar positivamente en la salud democrática y política al propiciar la renovación de autoridades ineficientes o corruptas. Por todo ello, hay que demandar a las autoridades, sobre todo a las electorales y legislativas, una evaluación objetiva e imparcial de la solicitud de postergación. Paralelamente, debemos recordar que sigue pendiente en la agenda congresal la revisión de la normativa electoral para alzar la valla y permitir la segunda vuelta electoral en la elección de alcaldes. Lo que se buscaría es que cuenten con mayor respaldo y legitimidad y no como ahora, que ocupan el puesto ¡hasta con menos del 20% de votos!