La comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen para obligar a los altos funcionarios del Estado a rendir cuentas documentadas del 90% de sus gastos operativos y viáticos, y el 10% mediante declaración jurada. La fórmula que hoy se aplica a los congresistas busca promover transparencia y fiscalización, y homologar esta rendición en el Estado para altos funcionarios comprendidos en el artículo 2º de la Ley 28212.La rendición alcanza a los cargos políticos en el Estado y, de no justificarse, obliga a la devolución del dinero entregado para el cumplimiento de función.