El controvertido cura Marco Arana no tiene límite. No sólo apoya hechos de violencia, sino que además insta a incumplir las leyes. "Cuando las leyes son injustas no hay obligación de cumplirlas y cuando son hechas para favorecer a los grupos de poder económico, hay que pedir su anulación", aseveró textualmente en un noticiario televisivo del norte del país. Esto en respuesta a la propuesta del Ejecutivo, que a través de una ley pide pena de cárcel de entre 25 y 30 años a los responsables de las protestas callejeras que provocan daños personales y a la propiedad privada y pública. Refirió que con esta ley se coloca en grave peligro a las organizaciones de derechos humanos, como su ONG Grufides, "que luchan por la justicia y pueden darse casos como la acusación que se hace a los campesinos de Porcón, que luchan por su agua".