El Poder Judicial está nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez por su discutible actuación ante un caso emblemático para la administración de justicia y el Estado de derecho: el juicio a Antauro Humala y un centenar de cómplices por los gravísimos delitos de rebelión, secuestro, arrebato de armas y homicidio calificado, por lo cual el Ministerio Público ha pedido 30 años de prisión.Sin embargo, se da la escandalosa y enervante situación de que en estos días se vence el plazo de detención (36 meses) sin haber recibido sentencia, con lo cual el acusado de asesinato podría abandonar la cárcel.La responsabilidad recae principalmente en la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel, hasta ahora presidida por el magistrado Emilio Gonzales, que debía haber ampliado hace tiempo el plazo de detención, ya que se trata de una instrucción de más de cien acusados. Pero, por si todas estas anomalías fueran pocas, se da ahora la circunstancia agravante de que el nuevo presidente de la Corte Superior, César Vega, ha decidido cambiar la composición de dicho tribunal, sin ninguna explicación. Y, claro, tendrán que tomarse un tiempo para enterarse del voluminoso expediente, lo que serviría de pretexto para la inacción.¿Hasta cuándo tendremos que seguir advirtiendo de estas oscuras y sospechosas dilaciones judiciales, detrás de las cuales solo puede haber lenidad, negligencia y sobre todo corrupción? ¿Por qué el suspicaz esquema se repite cuando hay de por medio acusados por narcotráfico u otros con poder económico o político? ¿A quién quieren engañar estos jueces?No hay derecho. Hace apenas dos días el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, hacía un llamado al Gobierno y a la sociedad a entender el difícil trabajo de los jueces. Pero, detrás de él, hay quienes se prestan a maniobras corruptas y dejan mal parado a todo un poder del Estado por lo que deben ser investigados por la OCMA y el Consejo Nacional de la Magistratura. ¡No puede haber justicia con jueces negligentes, prevaricadores y venales!