Para el Appab y el Instituto Altoandino de Biocombustibles (IAB) la solución para desarrollar el biodiésel y el etanol es la extensión de los beneficios de la Ley de Promoción Agraria, que implica el pago del 15% del Impuesto a la Renta (IR) de tercera categoría, la depreciación del 20% de las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego, y la recuperación anticipada del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) para la adquisición de bienes de capital e insumos, entre otros.Actualmente, las empresas azucareras no pueden ingresar al negocio del etanol, al menos por la puerta grande, porque dejarían de gozar de los mencionados beneficios si superan en 20% sus ventas de otros productos que no sean del rubro agrícola. Además, tienen una tasa de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que varía en función al octanaje de las gasolinas, a diferencia del biodiésel que está exonerado del mencionado impuesto.