El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, intervino en nombre del Perú en el proceso judicial que se le sigue a la compañía Doe Run Resources Corporation en Missouri, Estados Unidos, a pesar de tratarse de un caso contra una empresa privada.La estadounidense Doe Run Resources Corporation es la socia de Doe Run Perú que opera desde hace diez años el complejo metalúrgico de La Oroya, ciudad considerada como una de las más contaminadas del mundo por agentes tóxicos como el plomo y el dióxido de azufre.Pues bien, al ser denunciada la compañía a inicios de octubre por afectar la salud de 137 niños de La Oroya, el premier envió el 31 de ese mes una carta al embajador de Estados Unidos en el Perú, Michael Mckinley, solicitándole la "invervención del Departamento de Estado" para que el caso sea visto en el Perú debido a un principio de soberanía.