Tenemos que ser realistas: el promisorio momento económico que vive nuestro país, con un crecimiento del PBI del 7% anual, puede irse al garete si no se enfrenta decisivamente el grave problema de la inseguridad ciudadana.¿Quién va a seguir invirtiendo en un país que no ofrece las mínimas garantías para la integridad de sus residentes? ¿Cómo podremos promover más inversiones, ahora que tendremos un TLC con EE.UU., cuando ni siquiera podemos asegurar tranquilidad a los ciudadanos de a pie y a los empresarios? ¿Qué cara, en este sentido, vamos a mostrar al mundo cuando seamos anfitriones de la cita del APEC el 2008?Estas son las preguntas que debe afrontar el Gobierno, y particularmente el Ministerio del Interior, con su titular Luis Alva Castro a la cabeza, ante la imparable e intolerable escalada de atentados contra la vida, la integridad física, la propiedad y el derecho constitucional e inalienable de todos los peruanos a circular libremente.No hay un solo día en que no se produzcan robos o secuestros al paso, asaltos a ómnibus en la ruta interprovincial o atentados criminales contra policías, como el ocurrido en el VRAE. Ante esto la respuesta del sector Interior sigue siendo limitada o ineficiente. Y esto se debe no solo a la falta de recursos logísticos (seguimos con déficit de patrulleros) sino a la falta de voluntad política para elaborar y ejecutar un plan integral que incluya desde patrullajes y equipamiento hasta la desactivación de las bandas delictivas que siguen operando desde los penales.El problema es muy grave, y no se limita solo a Lima, sino que afecta a todo el país.Así, una de las regiones con mayor crecimiento descentralizador, como La Libertad y su capital Trujillo, sufren en grado sumo los embates de la inseguridad ciudadana, a manos de mafias que cobran cupos y chantajean a taxistas, comercios y agentes económicos. Esta situación es insostenible y amerita la urgente coordinación entre la Municipalidad Provincial y el sector Interior para tomar inmediatas medidas radicales.Uno de los problemas de fondo, en este escenario, es la indecisión para avanzar en la municipalización de la Policía Nacional, empezando por transferir a los concejos el control del tránsito.En el caso del VRAE, la lucha contra el narcoterrorismo exige acciones firmes que deben ser lideradas por la Policía Nacional y apoyadas por las Fuerzas Armadas, para poder vencer a un enemigo ensoberbecido en una zona especialmente agreste y difícil.Luego, en el sur las mafias de contrabandistas osan enfrentarse a las fuerzas del orden para seguir ingresando y comercializando productos prohibidos, todo lo cual pone en evidencia los lastres de informalidad, el desorden y el caos que conspiran contra el proyecto nacional de catapultarnos al desarrollo y el orden.Estamos, pues, en un punto de quiebre. Si el Gobierno insiste en sostener a un ministro solo por su filiación partidaria, pues tendrá que asumir la responsabilidad y las consecuencias de su deficiente accionar, mucho más graves en esta especial coyuntura, pues podrían frenar todo un proyecto nacional de desarrollo económico y social, por el que nos hemos sacrificado demasiado.