A l margen de las ostensibles diferencias entre el Congreso y el Gobierno, este no puede perder de vista lo que jurídica y legislativamente está en juego detrás de la lucha contra el narcotráfico y puntualmente del lavado de activos. En ese sentido, si se busca combatir las mafias que se encubren tras negocios aparentemente lícitos, lo que corresponde es mejorar la legislación que actualmente está impulsando el Ejecutivo, con los correspondientes enmarques constitucionales que debe establecer el Congreso.No se trata de poner en duda el compromiso del Congreso en la lucha contra el narcotráfico, sino de contemplar que la advertencia realizada por su Comisión de Constitución sobre la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 992 (contra el lavado de dinero), es resultado de un análisis apoyado en fuentes serias y especializadas.La norma en controversia fue aprobada por el Ejecutivo en julio pasado y dio origen a un proceso especial llamado pérdida del dominio, según el cual, todos los bienes del encausado por delito de tráfico ilícito de drogas, secuestro, trata de personas o terrorismo pasan a manos del Estado. A partir de este proceso, el perjudicado es quien tiene que demostrar la licitud de esas adquisiciones. El punto es que más allá de la importancia de la norma, juristas como Jorge Avendaño y Javier Alva Orlandini han encontrado que la disposición no es totalmente compatible con la Carta Magna y afecta la presunción de inocencia. Sin duda, el énfasis del Gobierno por endurecer las sanciones contra el narcotráfico requiere del máximo apoyo. Por eso, el Congreso, en vez de bloquear este decreto, tiene la obligación de depurar su inconstitucionalidad y adecuarlo a nuestra realidad legal.