A partir de una primera audiencia técnicamente correcta, todo indica que el juicio por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos contra el ex presidente Alberto Fujimori ofrece las suficientes garantías para un debido proceso.En principio, estamos frente a un tribunal con magistrados idóneos y cuyo presidente César San Martín tuvo su primer reto cuando supo manejar con tino y firmeza el exabrupto del acusado que vociferó su inocencia e introdujo un exaltado y totalmente inoportuno discurso político. Es probable que no sea la última vez que haya un tumulto en este juicio tan delicado. Por eso, el tribunal debe actuar con rigor y hacer desalojar la sala si cualquier seguidor fujimorista o grupo vinculado a derechos humanos interrumpe el desarrollo de las audiencias. Este juicio donde un ex mandatario es acusado por el grave delito de homicidio calificado requiere de las máximas garantías procesales y de la plena imparcialidad de sus juzgadores. No se puede permitir ni shows mediáticos ni que se aproveche el foro judicial como tribuna política, contra la esencia penal de un juicio en el que deben prevalecer las evidencias. Es previsible que los seguidores fujimoristas intentarán descalificar las actuaciones judiciales con cualquier pretexto, pero frente a ello solo corresponde responder con mesura, objetividad e imparcialidad.En tal sentido, por ejemplo, la primera condena contra Fujimori por el allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, ex esposa de Montesinos, no debe ser motivo de algarabía. Y es que no estamos frente a una venganza de ningún tipo, sino ante la estricta aplicación de la ley y del principio de justicia.La peor contaminación del proceso sería la intervención apasionada, sea a favor o en contra, de los diferentes actores del proceso. Desde el inicio hasta el fin de la causa es el turno de los jueces, fiscales, abogados y testigos, dentro del debido proceso y fuera de cualquier manipulación mediática o politiquera.