N o es la primera vez que el diálogo se interrumpe en el Caso Majaz, como resultado de la actitud intolerante demostrada por los representantes de las localidades de Ayabaca y Huancabamba, en el conflicto que las enfrenta con la minera china Monterrico Metals.Lo sucedido demuestra que el consenso --de por sí difícil de lograr en este tipo de problemas entre las comunidades y las mineras-- será prácticamente inalcanzable mientras los alcaldes de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera sigan tercamente empeñados en boicotear las mesas de negociación, a como dé lugar y bajo cualquier pretexto.Tampoco se explica por qué después de los entrampamientos que generó la consulta vecinal del 16 de setiembre pasado, las comunidades vuelven a exigir que sus resultados sean incluidos en la agenda de la negociación, a pesar del reconocido carácter no vinculante de ese referéndum. Lo único que se consiguió últimamente es que el presidente del Consejo de Ministros se levantara de la mesa y se interrumpiera el diálogo. Pero eso no es lo más grave. Lo peor es que alcaldes y comuneros condicionen el futuro de cualquier negociación, y de sus comunidades, a que se incluya la consulta vecinal en las tratativas, desatendiendo el resto de asuntos que están en juego. ¿Por qué no dialogar sobre las exigencias que deberá cumplir la minera Monterrico Metals previo acuerdo con la comunidad? ¿No es un avance que se haya acordado realizar nuevos estudios hídricos y de impacto ambiental independientes, así como revisar la legalidad de la minera Majaz en Huancabamba? La intolerancia no beneficia a nadie, solo perjudica a las poblaciones pobres que podrían gozar de las ventajas de una inversión minera bien controlada y socialmente responsable.