La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el proyecto de ley 1696/2007-CR que regula la tercerización laboral y establece una serie de requisitos para que una empresa especializada pueda ofrecer sus servicios (entre ellos, mostrar independencia económica y pluralidad de clientes). La noticia pasaría desapercibida si no fuera porque el grupo de trabajo que preside el congresista Isaac Serna acordó que la empresa que toma una contrata asuma una responsabilidad solidaria. Es decir, en el caso en que una empresa no verifique que la contrata cumpla con el pago de beneficios sociales y laborales a sus trabajadores, tendrá que asumir estos costos. "El proyecto inicial consideraba, en una primera instancia, la responsabilidad subsidiaria (la contrata asume la carga en primera instancia). No obstante, los miembros de la comisión consideraron que a la contratista le corresponde efectuar una mayor labor de fiscalización para evitar que la contrata no cumpla con el pago de beneficios sociales a sus trabajadores", explicó Serna.