Bastaron cinco minutos para que, por unanimidad y sin debate, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobara el archivamiento de un proyecto para ampliar los alcances de la Ley Nº 26771, que regula la contratación de personal en el sector público. La propuesta -formulada por la Contraloría General de la República- planteaba extender la prohibición que tienen los funcionarios públicos para contratar personal, según el grado de parentesco, hasta el sexto grado de consanguinidad y hasta el cuarto grado de afinidad.