La situación ambiental de Camisea permanece en la agenda de las instituciones multilaterales. Durante un foro celebrado ayer en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, se plantearon los riesgos de ese proyecto para el desarrollo del medio ambiente y de las comunidades y grupos indígenas.Al respecto, el viceministro de Energía, Juan Cayo, explicó que el Gobierno está elaborando nuevas normas para la supervisión del proyecto. "Hay conciencia en la población sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y garantizar la transparencia", indicó. Además, precisó que se prepara una guía para garantizar la participación ciudadana en el proyecto. El BID prestó US$75 millones al consorcio Transportadora de Gas del Perú, responsable del gasoducto de 1,200 kilómetros. Ese crédito estuvo condicionado a la aplicación de normas internacionales de protección de la ecología.