Pérdidas por alrededor de US$ 600 millones y la confirmación de lo poco modernizados que se encuentran los servicios al comercio exterior peruano, son los resultados visibles del recuento de daños que dejó la huelga de nueve días de los estibadores del puerto del Callao. Pero más importante que revisar las consecuencias sería evaluar las causas a fin de evitar que una similar medida de fuerza ocurra en el futuro o que se prolongue la actual (la huelga ha sido suspendida, no levantada).En primer lugar, las empresas que brindan servicios al comercio exterior deben contar con un plan de contingencia -su inexistencia fue evidente- que contemple la solución de crisis de este tipo. Dada la relevancia del sector, el Gobierno debiera participar en la elaboración del mencionado plan, habida cuenta que por el Callao se embarca el 33% de las exportaciones nacionales y arriba el 70.2% de las importaciones.Es por ello responsabilidad tanto del sector privado como del público impedir que el comercio exterior se paralice nuevamente y por tanto tiempo. Si las empresas accedieron a que el presidente Alan García interviniera para hallar una solución al conflicto, entonces no podrían oponerse a que el Gobierno se les una para diseñar una estrategia de prevención.En segundo lugar, también existe una responsabilidad compartida entre el Gobierno y el empresariado para modernizar el sector. Es urgente evaluar la idoneidad de las empresas que sirven al comercio exterior y cerciorarse de que todas las que operan en ese mercado lo hacen cumpliendo las obligaciones que la ley exige, tanto en materia laboral como fiscal y societaria. En tercer lugar, y tomando la palabra al presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, los exportadores e importadores deben trabajar solamente con empresas formales.Un país que ha firmado un acuerdo comercial con la mayor economía del mundo no puede seguir teniendo servicios portuarios tan vulnerables ni tan atrasados.
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