A menos de 24 horas de publicado un sondeo del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, que ubica al Poder Judicial y al Ministerio Público entre las instituciones más desprestigiadas y menos confiables del país, un nuevo escándalo las pone nuevamente en el ojo de la tormenta. Y es que dos controvertidos fallos, uno en Cajamarca y el otro en Ayabaca (Piura) ponen en riesgo la estabilidad jurídica del país, golpean duramente la política de inversiones del Estado así como el ingreso y permanencia de inversores extranjeros en el Perú.Y es que en Ayabaca, el fiscal Manuel Sosaya López formalizó denuncia penal, el pasado 8 de noviembre, contra los funcionarios de la empresa Majaz, Andrew Bristow, John Angus, José Jiménez Zapata, entre otros, por presuntos delitos de usurpación agravada, daño forestal y fraude procesal en agravio de la comunidad campesina de Yanta y el Estado Peruano. La minera Majaz, a cargo del consorcio chino Zijin tiene a su cargo el Proyecto Minero Río Blanco. El problema se agrava debido a que se ha desatado una presión sin precedentes de parte de las ONG y grupos radicales antimineras y ecologistas para conseguir fallos que generen precedentes que puedan ser utilizados para lapidar el referido proyecto. Es más, la presión llega al extremo de pretender obligar a que el juez Rafael Romero Ramírez abra proceso penal, pero con orden de detención contra los ejecutivos.
- [La Razón,Pág. 5] /