El crecimiento acelerado de la actividad económica, que se deja sentir también en el interior del país, no está acompañado al mismo ritmo de un incremento de las inversiones en más y mejores carreteras, puertos o aeropuertos, entre otras obras de infraestructura y de servicios públicos. Esta situación afecta el desarrollo e inclusión de más zonas productivas en la economía nacional. Desde el año 2004, el Gobierno ha comenzado a utilizar las alianzas público-privadas, para aquellas concesiones de obras particularmente de gran envergadura, como el caso de las carreteras interoceánicas IIRSA, en el que el Estado no tenía suficientes recursos para invertir, y donde la construcción de vías tampoco era tan rentable si las hubiera emprendido netamente el sector privado.
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