B ien que la Inspectoría General de la Policía Nacional separe a aquellos elementos que con sus probados excesos, actos de indisciplina y delitos flagrantes impiden que la institución cumpla su deber constitucional de velar por la seguridad de la población. El anuncio es positivo, siempre que la purga se maneje responsablemente, en concordancia con los reglamentos internos y, sobre todo, con base en pruebas documentadas que acrediten que el personal separado se halla realmente involucrado en causales de despedido. Sería nefasto que una medida que busca poner orden se fundamente en cuestionamientos irrelevantes o en denuncias equivocadas.Hasta ahora algunos oficiales expectorados por la PNP han jugado en pared con ciertas autoridades judiciales corruptas para retornar a sus puestos, apoyándose en amparos y resoluciones cautelares, y en una legislación permisiva y hasta sospechosa, que tiene que modificarse en el plazo más corto.De otro lado, el sector Interior no debe actuar apresuradamente. Sería un error efectuar expulsiones indiscriminadas, ahora que se ha anunciado que se dará de baja a 630 policías, es decir, seis veces el volumen separado en el 2004. Tampoco se trata de incurrir en ineficiencia, bajo la presunción de que a fines de año se contará con nuevos miembros. El proceso de saneamiento institucional debe ser limpio y transparente.