Frente a la real amenaza narcoterrorista, el Gobierno ya no puede demorar más tiempo la ejecución de un plan enérgico e integral. Tampoco debe perder de vista el foco central del tráfico ilícito de drogas en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). Más que discursos o disquisiciones, se requiere que las respuestas desde el Estado sean recias, concretas y perfectamente coordinadas. Ya es hora de que el Ejecutivo empiece a mostrar resultados, en lugar de seguir lamentado más muertes de jóvenes policías.En principio, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen la exigencia de actuar de forma conjunta para maximizar su impacto sobre el enemigo. Está claro que el narcotráfico, además de su capacidad corruptora, usa ahora remanentes senderistas para ejecutar sus venganzas. Especial motivo para unir esfuerzos y mostrar pronto los efectos de operaciones más afinadamente entrelazadas. Pero no solo basta con sumar el trabajo policial y militar, sino que, de forma simultánea, hay que penetrar con un sistema de inteligencia a lo largo de la alterada y boscosa zona. Resulta inaudito --sea por déficit de inteligencia o porque sus reportes no son atendidos-- comprobar la ausencia de una articulada red de información que active los distintos grados de alarma ante la capacidad del narcotráfico de generar violencia.Del mismo modo, la notoria desarticulación entre quienes están llamados a ejecutar operaciones y aquellos que deben generar la información confidencial, arrastra al error de ver culpables por todas partes. El país reclama una estrategia integral y no fantasmas de los que quisieran valerse muchos para generar mayor confusión respecto de lo que debemos combatir.Ahora bien, para alcanzar estos objetivos policiales es primordial una decisión política del Gobierno que englobe no solo acciones represivas sino también medidas presupuestales y sociales. Por ejemplo, es legítimo que el Gobierno reclame más recursos y ajustes legales para frenar el narcoterrorismo. Sin embargo, ¿no es acaso el propio Ejecutivo el que propuso el presupuesto para el 2008? ¿Por cierto, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, está en condiciones de liderar estas operaciones estratégicas o conviene un ajuste de tuercas ministerial?También cabe preguntarse: ¿Qué hace el Estado para llegar al VRAE? Nueve de cada diez son pobres y la mitad de ellos vive en extrema pobreza. El instrumento más fiable para frenar la anarquía es que la escuela funcione, la salud no sea mendigada y que los servicios alcancen a todos. Eso genera oportunidades. Igualmente, que haya infraestructura pública para quebrar ese virtual aislamiento de la zona y conectarla con todo el país.Como vemos, en esta lucha sin cuartel, el Gobierno no puede dejar ningún elemento fuera. Una zona en zozobra como el VRAE, con impune presencia terrorista, deja una sensación constante de que las hordas subversivas están en plena expansión. Esto jaquea la seguridad de todos los peruanos y deja al garete el futuro. Estamos, no hay duda, ante uno de los peores problemas nacionales.