Esta batalla empezó en diciembre del 2002. Fue entonces cuando la empresa chilena Lucchetti tomó la decisión de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) con una solicitud de arbitraje contra el Estado Peruano por la controversia surgida acerca la revocatoria de licencia de funcionamiento de la planta de esta firma en los Pantanos de Villa.Más de dos años después, del tribunal arbitral de este organismo asentado en Washington y que depende del Banco Mundial salió humo blanco. Blanquirrojo, sería más exacto decir, porque el Ciadi declara en el laudo arbitral que "se declara incompetente para conocer sobre el fondo de la presente controversia".Frente a la postura que tuvo Lucchetti de que su inversión en el Perú se enmarcaba dentro del Convenio Bilateral de Protección de Inversiones, el Ciadi señala meridianamente en una de sus conclusiones: "La empresa no puede aducir que haya realizado su inversión basándose en el convenio bilateral, por la sencilla razón de que este entró en vigencia años después de que hubiera adquirido el sitio, construido la fábrica y alcanzado su segundo año de funcionamiento pleno, por lo cual no cabe concebir que su decisión de invertir se basara en la existencia de dicho instrumento internacional".