Ayer el Tribunal Constitucional dictó su fallo por el cual declara que el Poder Judicial goza de autonomía para fijar su presupuesto, lo que debe ser respetado por el Ejecutivo y el Congreso. Así quedó resuelta la demanda de conflicto de competencia que en octubre del 2004 presentara el entonces presidente de la Corte Suprema, Hugo Sivina, ante dicha instancia. Pero según declaró ayer a El Comercio el presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alva Orlandini, esta sentencia empezará a regir recién a partir del presupuesto público del 2006. Antes deberá dictarse una ley que establezca mecanismos especiales de coordinación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.