La agitación agraria esta semana, que produce la desalentadora sensación de que está bajo amenaza una exitosa negociación del TLC, confirma que si permanentemente se huye de la toma de decisiones, tarde o temprano nos estrellamos contra las distorsiones que la continua evasión genera. Si bien es iluso pensar que todos los sectores del agro estarían hoy en capacidad de poder competir en el mercado internacional, también es cierto que los subsidios agrícolas en Estados Unidos podrían afectar a solo dos productos: algodón y maíz. Sin embargo, como lo que están tratando de conseguir son transferencias directas del fisco -o mejor dicho del contribuyente- estamos seguros de que azucareros, arroceros y hasta los productores de caiguas se pondrán en fila estirando la mano para recibir lo suyo. El problema del agro peruano no nace de las distorsiones que generan los subsidios que otorgan los países desarrollados, sino de la falta de decisión de sucesivos gobiernos durante más de 25 años, los cuales, por temor, han evadido la responsabilidad de corregir el desastre heredado de la reforma agraria de Velasco.La ínfima productividad y total ausencia de capital en grandes segmentos del agro no se van a solucionar con asistencialismo, sino al desarrollar un mercado de tierras para lo cual se requiere contar con derechos reales para el agua. Con ello podríamos atraer inversión y modernización a lo largo de nuestra agricultura, no únicamente en los exitosos bolsones de exportación de espárragos o de uvas. Lamentablemente, el debate actual está limitado a quién da más y no ha existido mención alguna a la aplicación de reformas que ataquen el problema de fondo. Sin ellas no importa cuánto transen darles a los agricultores, sea mucho o poco, inevitablemente en pocos años los mismos dirigentes estarán quemando llantas en las mismas carreteras, simplemente pidiendo más, y habremos desperdiciado otra oportunidad.El costo de no enfrentar responsabilidades lo vemos también en la planilla estatal, los mismos gobiernos que le han tenido miedo a los hijos de la reforma agraria también se han corrido por años de implementar una reforma del Estado. La tímida medida de recortarles el número de sueldos para igualar a las entidades estatales con los 14 al año que reciben los contribuyentes que al final de cuentas son quienes les pagan el salario, ya fue exitosamente resistida por congresistas y burócratas por igual, estando camino a la historia. Con ello seguirán gozando de sus excesivos privilegios no solo nuestros esforzados legisladores y la productiva burocracia, sino hasta los miles de empleados fantasmas que no existen para cualquier efecto práctico, excepto el cobrar su salario.Finalmente, ya sea por temor a privatizar o ansias por lucrar, se han mantenido empresas públicas que no solo inhiben la inversión privada y distorsionan el mercado, sino que se convierten en boicoteadores de la política del gobierno. Así tenemos que Enapu acude al Poder Judicial para impedir que el regulador estatal -Ositrán- rebaje tarifas, lo cual demuestra que su único interés es aumentar los ingresos de su planilla. Por otro lado Petro-Perú hace lobby al ministro de energía para "presionarlo a que otorgue una opinión técnica favorable" de esa manera esa empresa podría escaparse del control de Ministerio de Economía y gastar a sus anchas hasta julio del 2006, señal Fritz Du Bois, en un artículo de opinión.(edición domingo).
- [El Comercio,pág. A 4] /