M ás de veinticuatro horas ardió la zona de Mesa Redonda. Pero en un futuro largo, las consecuencias podrían acumularse gravemente si los grandes culpables del caos que reina desde hace décadas en este emporio comercial de Lima no son sancionados penalmente, como es debido. Sin duda, nos referimos a los comerciantes irresponsables de Mesa Redonda que a diario se burlan de la ley e incumplen ordenanzas, reglamentos y todo tipo de normas, sin preocuparse por los riesgos que generan en materia de la seguridad urbana de la ciudad. Al amparo de la severa informalidad imperante en el país, no hacen caso a nadie y, entre otras graves consecuencias, instalan sus negocios allí donde no deben, en inmuebles precarios e improvisados que no ofrecen garantías ni siquiera para ellos mismos.Como ha reconocido la justicia, estos malos comerciantes fueron los principales responsables de la tragedia de diciembre del 2001, que mató a unas 300 personas y originó la desaparición de otras 170. Y hoy también deberán responder ante los tribunales por lo sucedido en las dos galerías siniestradas el último viernes.No queremos ni pensar qué habría pasado si ese incendio se hubiese extendido a otros edificios, algunos de vivienda, o tiendas que se hallan en igual estado de hacinamiento y tugurización, con conexiones clandestinas por doquier, sin señalizaciones claras ni salidas de escape. Evidentemente, es responsabilidad de las autoridades seguir adelante en la puesta en marcha de un cabal plan de emergencia que se aboque a terminar con este desorden comercial de Mesa Redonda. Pero ese plan también tiene que llevar implícita una serie de acciones paralelas orientadas a erradicar tanta informalidad y desorden. De un lado, deberán intensificarse las medidas para agilizar la simplificación administrativa y evitar que el burocratismo ponga escollos a quienes quieren ser formales. Del otro, resulta plausible que la Municipalidad de Lima denuncie a los comerciantes responsables.La fiscalización municipal y urbana del comercio en Mesa Redonda debe concluir en la sanción efectiva para quienes no adecúan sus tiendas a las normas de seguridad. No hay impunidad que cubra tan descomunal, reiterada y desgraciada negligencia.