Cuando en agosto de 2006, el Consejo Directivo del Parlamento -bajo la presidencia de Mercedes Cabanillas- acordó asignarle a cada legislador una partida para solventar sus gastos por viajes, viáticos y otros conceptos, hasta por un tope máximo de S/.7,617.20 mensuales, entregados previa rendición de cuentas, la ciudadanía respaldó la medida y la calificó como un avance en el proceso de transparencia.Mediante este sistema de reembolso, el legislador estaba obligado a presentar comprobantes de pago por el 90% del monto total. El 10% restante podía justificarse a través de una declaración jurada.Hoy, catorce meses después, y en medio de un ascendente nivel de desaprobación del Congreso -que llega ya al 76%, según la última encuesta de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado-, el Consejo Directivo que preside Luis Gonzales Posada ha desactivado este mecanismo que garantizaba una mejor fiscalización del uso de los recursos públicos.