La Corte Suprema evalúa la prescripción del juicio por apología del terrorismo, y por integrar un grupo subversivo, de Mónica Feria Tinta, quien se fue del país en 1994 y denunció al Estado Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del penal Castro Castro.De acuerdo con fuentes judiciales, la abogada Feria Tinta tiene una orden de captura vigente por un proceso donde la Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión por su presunta relación con Sendero Luminoso (SL). La detención en su contra fue reiterada en enero de este año por la justicia peruana. Feria misma pidió la prescripción, pues la propia CIDH rechazó un pedido de esta abogada para que se le otorgaran "medidas provisionales" con respecto al juicio pendiente y a la orden de arresto, según una resolución de dicha corte supranacional del 30 de enero pasado. "La señora Feria, quien es víctima e interviniente común de los representantes en el caso del penal Castro Castro, carece de legitimación procesal para realizar solicitudes (...) relacionados con el proceso penal y orden de detención en su contra, ya que son distintos a aquellos que fueron objeto del mencionado caso que conoció la Corte", se lee en el documento. Sin embargo, a pesar de las evidencias de su aparente colaboración en difundir actividades subversivas, resulta insultante que Feria haya sido premiada en EEUU por su trabajo "a favor de los derechos humanos", el 10 de octubre último. Se trata del Premio Justicia de la Fundación Gruber, que además entregó 500 mil dólares, suma que fue dividida entre Feria Tinta, el juez chileno Carlos Cerda (quien ha procesado a la familia Pinochet) y la magistrada suprema argentina Carmen Argibay.