Mientras Perú tiene una demanda pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpuesta por Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) para que se detenga la exploración en lotes petroleros, 19 nuevos contratos de exploración esperan la autorización del Estado para comenzar a operar. La turbulencia político-social vivida por semanas en el país por el caso Majaz, que tuvo entretenidas a las autoridades del sector, habría postergado la firma de estos contratos, indicó una fuente de Perupetro.Ahora ante una Corte supranacional, el país se juega su prestigio ante el mundo debido a que Aidesep denunció en julio pasado una presunta violación de los derechos de los indígenas que viven en aislamiento voluntario en la amazonía por parte de la exploración hidrocarburífera. El ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, descartó que ello demore más la firma de estos contratos pero mostró su preocupación por el papel que las ONG (fundamentalmente internacionales) tienen en este escenario.Explicó a EXPRESO que por ley hay planes de contingencia para cuando una empresa se encuentre con poblados no contactados, siempre y cuando su presencia no fue prevista. Pero aclaró que si fuera el caso del Estado, "está plenamente establecido que se tiene la obligación de retirarse inmediatamente"."No comprendo la actitud de Aidesep, que en los últimos meses está muy activa contra el desarrollo petrolero en el país cuando por muchos años no dijo nada; hay asociaciones de comunidades nativas que están en contra del comportamiento de Aidesep, no se sienten representadas por ella, que recibe financiamiento fuerte de ONGs antipetroleras internacionales", denunció Valdivia.
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